Se confirmó el procesamiento de Marcos Jacobo Levín por instigador de crímenes de Lesa humanidad en Salta

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el procesamiento sin prisión preventiva del dueño de la empresa "La Veloz del Norte", Marcos Jacobo Levín, el fallo en primera instancia del juez federal de Salta Leonardo Bavio fue en octubre pasado. Ese fue el primero sobre la responsabilidad empresaria durante la dictadura cívico militar. La Cámara también confirmó el procesamiento de los otros cuatro imputados, los policías Víctor Hugo Bocos y Enrique Víctor Cardozo y a Víctor Hugo Almirón, por los tormentos causados a Víctor Manuel Cobos, quien en 1977 era chofer y delegado de la UTA en la empresa.

La Cámara hizo lugar a la solicitud de la querella y procesó a Víctor Hugo Almirón (responsable de la comisaría  4ª  de Policía de la Provincia de Salta), como partícipe necesario de las torturas aplicadas a Cobos, ya que como Jefe de la dependencia a la fecha de los hechos (enero de 1977), facilitó la actuación de sus subordinados, omitiendo, además, su deber de velar por la seguridad e integridad de los detenidos. En esa ocasión el subcomisario de la 4ª, Víctor Hugo Bocos lo trasladó a Cobos en un coche de La Veloz del Norte a la comisaría 4ª, denunciada como centro clandestino en la Conadep, donde permaneció secuestrado, fue sometido a interrogatorios y tormentos y obligado a firmar un documento por el cual se hacía cargo de una estafa que no existió. Víctor Cobos situó a Levín dentro de la sala de torturas de la comisaría. Dijo que lo reconoció por el perfume. El juez en la causa también dijo que Levín estuvo, por lo menos, tres veces en la comisaría y, entre los testimonios, situó al propio subcomisario Bocos. Lo mismo sucedió con otros catorce trabajadores de la "La Veloz del Norte", algunos de los cuales eran afiliados a la UTA, pero el juez Bavio consideró que sólo el caso de Cobos podía ser inscripto como de lesa humanidad y a los casos de los otros trabajadores, los consideró prescriptos.

La cámara consideró que "existió delito de lesa humanidad... en particular contra Cobos se desenvolvió dentro del marco de un plan sistemático y generalizado dirigido contra opositores políticos y gremiales por el entonces gobierno nacional y del que formaron parte todas las fuerzas armadas y de seguridad".