La urdimbre civil de la dictadura: Reynal y la policía bancaria

El pasado 19 de septiembre debió declarar ante los jueces Eduardo Farah y Eduardo Freiler - de la Sala II de la Cámara Federal porteña - Alejandro Reynal, ex vice presidente del Banco Central durante la última dictadura cívico militar. La audiencia oral se hacía para decidir si se reabre la causa por el despojo, en 1980, del Banco Latinoamericano a su titular, Eduardo Saiegh. Esta reapertura es necesaria porque en el 2000 prescribió la causa 6279/97, por la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

La reapertura fue pedida por Saiegh y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ya tiene dictamen favorable del fiscal federal Eduardo Taiano, el pedido de declarar nula la resolución que lo sobreseyó a Reynal por prescripción, se basa en que el caso sea considerado como delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.

El ex vice del BCRA, Alejandro Reynal

Lo que fundamenta el dictamen del fiscal es que en octubre de 1980 Saiegh fue detenido ilegalmente por funcionarios de la División Bancos de la Policía Federal (considerado como un “grupo de tareas” el cual, durante la dictadura, actuaría por órdenes de las autoridades del Banco Central), esto se hizo falsificando en el Banco Central una denuncia anónima contra Saiegh. Este estuvo desaparecido una semana, en la cual fue torturado en la sede de la División Bancos en el Banco Nación que está en Bartolomé Mitre y 25 de Mayo (aún existe), y en el Departamento Central de la Policía Federal. Lo hicieron para que confesara delitos inexistentes y que firmara la autoliquidación voluntaria del Banco Latinoamericano. Saiegh dijo que los responsables directos de las torturas fueron el comisario Ángel Iannbelli (jefe de la División Bancos de la Policía Federal), y el comisario Héctor Cereda, quienes ya fallecieron, otros posibles miembros del “grupo de tareas” siguieron en la fuerza hasta hace poco, como el comisario general Jorge Oriolo o continúan como el comisario mayor Sebastián Seggio (jefe de Planificación y Desarrollo de la Federal). Para poder identificarlos Saiegh, junto a la Comisión Nacional de Valores, pidió que se abran los legajos de los policías federales que formaban parte de División Bancos, y así al ver las fotografías aquel momento, se pueda reconocer a los que intervinieron en este caso.

Eduardo Saiegh denunció que Reynal ordenó la liquidación de su banco junto al ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz y del entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy. Una de las finalidades para apoderarse del banco era que las autoridades del Central, necesitaban sacar las acciones de Makin S.A. (la controlante de Austral Líneas Aéreas), y, especialmente los comprobantes de una deuda, por más de siete millones de dólares, que se debían recuperar para que se pudiera estatizar la compañía, transfiriendo al Estado Nacional las acciones y el pasivo de la empresa y poder estatizarla. Esto se hizo por decreto rápidamente el 7 de noviembre de 1980, 48 horas después del pedido por nota de los accionistas de la empresa a Martínez de Hoz. Esto se realizó en beneficio de personas allegadas a Reynal, ya que él es primo hermano de William Reynal, principal accionista de Austral, empresa endeudada con el Banco Latinoamericano. Otra de las consecuencias del secuestro fue que el Crédit Lyonnais no compró el Banco Latinoamericano sino el Tornquist, que era propiedad de Francisco Capozzolo, amigo del ministro del Interior Albano Harguindeguy.

Alejandro Reynal fundó y es, desde 1981, presidente del banco de inversión Merchant Bankers Asociados. Recientemente fue funcionario de Macri y tuvo que renunciar por su pasado en la dictadura. 

El caso Saiegh fue denunciado por la Daia como caso emblemático de antisemitismo y logró un fallo favorable del juez Baltasar Garzón en 1999, quien caratuló la causa como de terrorismo de Estado.

Otro de los casos perpetrado por División Bancos de la Policía Federal Argentina fue el de Jorge Fernando Grande, vinculado a una cooperativa de crédito. Grande, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue detenido por este “grupo de tareas” el 29 de julio de 1980, y que estuvo desaparecido y fue torturado en los mismos lugares que Saiegh. 

Además de esta se están investigando otras 604 liquidaciones de compañías de todo tipo (siderúrgicas, agropecuarias, textiles, bancos), en las que se habría utilizado la misma metodología, obligando a sus dueños y/o controlantes a vender o transferir acciones, e incluso cerrarlas o llevarlas a la quiebra por presión, secuestros y tortura.

En julio pasado la jueza federal María Servini de Cubría ordenó la custodia de Saiegh por la Prefectura Naval Argentina, luego de que denunciara haber sido agredido y amenazado en la puerta de su domicilio cuando junto a su mujer fue increpado por un hombre que se les abalanzó al grito de "no se meta con la policía".